Multa a seis de los condenados de Alsasua por recusar con “mala fe” a magistrados

La Audiencia Nacional rechaza apartar a los tres jueces de apelación e impone una sanción de 600 euros a los recurrentes

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La Audiencia Nacional ha impuesto una multa de 600 euros a seis de los ocho jóvenes de Alsasua (Navarra) condenados por la agresión a dos guardias civiles y las novias de estos en octubre de 2016 al apreciar «mala fe» en la recusación que plantearon contra los tres magistrados que tienen que resolver su recurso de apelación contra aquella sentencia. La defensa de los condenados puso en entredicho la apariencia de imparcialidad de los tres magistrados de la Sala de Apelación —el tribunal de la Audiencia encargado de revisar las sentencias en primera instancia— al tener en cuenta, entre otros motivos, que dos de ellos, el presidente de la Audiencia, José Ramón Navarro, y el magistrado han recibido en el pasado condecoraciones de la Guardia Civil.

La Sala del artículo 69 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, encargada de resolver la recusación, considera que las alegaciones de las defensas son «meras sospechas, impresiones, conjeturas y dudas personales faltas de fundamento» y que, además, han ocasionado «una dilación indebida» en la tramitación de la causa de apelación. Por ello se considera que los abogados actuaron de «mala fe».

«Los recusantes, ni han relacionado su relato con la referida causa de una forma clara y directa ni han acreditado la concurrencia de datos objetivos y legítimamente fundados de los que se desprenda la falta de imparcialidad o de apariencia de imparcialidad», señala el auto. La Sala del 69, presidida por el magistrado Ricardo Bodas, presidente de la Sala de lo Social de la Audiencia, está compuesta por los magistrados más antiguos y más recientes en las jurisdicciones penal, social y contencioso-administrativo de la Audiencia.

Para la sala especial de recusaciones, el hecho de que dos magistrados hayan sido condecorados por la Guardia Civil no prueba falta de imparcialidad objetiva ni de apariencia de imparcialidad. Tampoco ven una amenaza a la neutralidad de los magistrados en el hecho de que dos de los cuatro lesionados pertenecieran al instituto armado, ya que «frente a la exposición parcial y sesgada que hacen» los recurrentes, el hecho es que esta no es «una causa general» del Cuerpo contra los acusados ni son parte en el procedimiento.

«Las condecoraciones se conceden a modo de recompensa moral no retribuida, en reconocimiento de méritos en términos generales, no por ningún caso en concreto», dice la Sala, que sentencia que tener esos reconocimientos es algo que «por sí solo no puede conceptuarse como una causa objetiva y legítimamente fundada de falta de apariencia de imparcialidad».

Entiende así el tribunal que se da una «inexistencia de datos objetivos legítimamente fundados, más allá de simples sospechas, impresiones u opiniones personales de quienes las realizan, de un interés directo o indirecto en este concreto proceso» de los magistrados a quienes se estaba pidiendo apartar por haber sido condecorados.

El juez Eloy Velasco también fue recusado por unas declaraciones en un congreso del Colectivo de Víctimas del Terrorismo, que ejerce la acusación popular en el caso Alsasua, sobre la «existencia de unos jóvenes ideologizados que formarían parte de la disidencia de ETA». La Sala dice que estas declaraciones «se realizan en términos absolutamente generales y desconectados por completo del concreto asunto» de Alsasua que ahora le tocará estudiar en apelación y «tampoco resulta relevante que se vertieran en un acto organizado por Covite pues pese a ser acusación popular, se realizaron seis meses antes del inicio del juicio» y es «mera especulación carente de todo fundamento» pensar que él sería después conocedor de un hipotético recurso de apelación.

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