Las afirmaciones del manifiesto, a examen

La declaración leída en la marcha por la unidad de España atribuye al Gobierno decisiones que nunca ha tomado

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La manifestación convocada este domingo por PP, Ciudadanos y Vox, a la que se han sumado otros grupos de derecha y ultraderecha, en defensa de la unidad de España y para reclamar el adelanto electoral concluyó con la lectura de un manifiesto donde en pocas líneas se presentaban como sentencias inapelables afirmaciones que no se corresponden con la realidad.

Estas son algunas de ellas:

1) “Los acontecimientos de los últimos días suponen una humillación del Estado sin precedentes en nuestra vida democrática. Tras meses de constantes cesiones intolerables, el Gobierno decidió dar una puñalada por la espalda a la ley y la justicia española aceptando los términos y exigencias impuestos por el presidente de la Generalitat”.  El Gobierno de Pedro Sánchez no aceptó los términos y las exigencias impuestos por el presidente de la Generalitat.  El Ejecutivo dio por rotas las posibilidades de negociación porque no aceptaba la principal demanda del Gobierno catalán: incluir en el plan de trabajo de la mesa de partidos una mención expresa al derecho de autodeterminación del pueblo catalán. El Ejecutivo central nunca ha aceptado negociar mejoras para Cataluña que supongan saltarse la Constitución. La propuesta del Gobierno socialista era abrir un diálogo para estudiar iniciativas que permitieran resolver el conflicto político que plantea una parte de Cataluña, que reclama la independencia. Y para ello aceptó que en las mesas de negociación se sentara una especie de intermediario o relator o moderador.

Las constantes cesiones intolerables a las que se refiere el manifiesto leído en la concentración no han supuesto ningún avance en el desafío independentista planteado por los nacionalistas catalanes. Respecto a la actitud de las instituciones dependientes del Gobierno central, la Abogacía del Estado no ha seguido a la Fiscalía ni al juez instructor en la calificación de los delitos cometidos por los independentistas catalanes en torno al referéndum ilegal del 1 de octubre. La Abogacía decidió no asumir la acusación de rebelión del Ministerio Público y optó por la sedición, delito que también conlleva altas penas de prisión. El Gobierno tampoco atendió la demanda nacionalista de ordenar a la Fiscalía General del Estado que rebajase sus acusaciones

2) “El Gobierno cedió al recibir con lazos amarillos al presidente de la Generalitat en Moncloa. Cedió al trasladar a los políticos a la cárcel de Lledoners (Barcelona). Cedió al aceptar la bilateralidad entre iguales en la reunión de Pedralbes”. De la lectura del texto podría entenderse que Pedro Sánchez decoró el Palacio de Moncloa con lazos amarillos para recibir al presidente catalán. Lo que hizo fue aceptar el diálogo con el líder del Gobierno catalán, que llevaba en la solapa de su chaqueta un pequeño lazo amarillo.

Los presos independentistas han pasado tanto tiempo encarcelados en Madrid (noviembre de 2017 a julio de 2018) como en Lledoners (julio de 2018 a febrero de 2019). El Ministerio del Interior, tras el cambio de Gobierno por la moción de censura, decidió trasladarlos a una prisión próxima al domicilio de sus familiares, algo que se intenta con todos los reclusos preventivos y penados, con la excepción de los etarras por una decisión de política penitenciaria vinculada a estrategias de lucha contra el terrorismo. La Ley General Penitenciaria establece en su artículo 12: “La ubicación de los establecimientos penitenciarios será fijada por la administración penitenciaria dentro de las áreas territoriales que se designen. En todo caso se procurará que cada una cuente con el número suficiente de aquellos para satisfacer las necesidades penitenciarias y evitar el desarraigo social”.

La bilateralidad de la que acusan los autores del manifiesto a Pedro Sánchez consiste en una reunión entre el Ejecutivo central y el catalán en el palacio de Pedralbes, en Barcelona. La misma bilateralidad existió cuando Mariano Rajoy se reunió en La Moncloa con Artur Mas en 2012 para tratar de una plataforma reivindicativa del Ejecutivo catalán, con la exigencia de un pacto fiscal que suponía un trato privilegiado en relación a la financiación del resto de comunidades autónomas. Torra llegó a pedir a Rajoy por carta una reunión para establecer un diálogo sin condiciones. El anterior presidente del Gobierno declaró que estaba dispuesto a reunirse con él en su condición de presidente autonómico catalán. La reunión nunca se produjo.

3) “Pedro Sánchez cedió al aceptar las 21 condiciones de Torra”. En realidad, no ha aceptado ninguna: 

-El Gobierno central no reconoció el derecho de autodeterminación del pueblo de Cataluña ni lo hizo efectivo. 

-El Gobierno central no aceptó una mediación internacional para una negociación de igual a igual. 

-El Gobierno central no admitió investigar los abusos policiales y económicos que ha sufrido Cataluña. 

-El Gobierno central no asumió “superar la vía judicial, que ha de abandonarse”.

-El Gobierno central nunca ha defendido que en España hay limitación de derechos fundamentales de determinadas personas. 

-El Gobierno central tampoco ha sostenido en ninguna ocasión que exista complicidad de la policía y los jueces con la ultraderecha. Son numerosas las declaraciones del presidente y de sus ministros defendiendo que en España existe independencia judicial y se respetan los derechos humanos. Incluso ha puesto en marcha una campaña internacional en defensa de la imagen de la justicia española. Los independentistas opinan lo contrario y así lo plasmaron en su documento de 21 exigencias al Ejecutivo de Pedro Sánchez.

-El Gobierno tampoco ha dicho que vaya a iniciar un proceso de debate sobre la monarquía. 

4) “Cedió al iniciar unas negociaciones para aprobar los Presupuestos Generales del Estado ofreciendo a cambio la soberanía nacional”. Si Pedro Sánchez hubiera ofrecido a los independentistas catalanes la soberanía nacional para Cataluña, ERC y PDeCAT no habrían presentado enmiendas a la totalidad de los Presupuestos. 

5) “El Gobierno ha puesto en serio riesgo la vigencia de la Constitución”. El Tribunal Constitucional no se ha encontrado en los ocho meses de mandato de Pedro Sánchez con recursos que impliquen la existencia de una amenaza sobre la vigencia de la Constitución. El Parlamento catalán no ha aprobado resoluciones en todo este tiempo que supongan una vulneración de la Constitución, como sí hizo en ocho ocasiones entre 2015 y 2017.

El Gobierno de Pedro Sánchez impugnó ante el Constitucional una resolución de reprobación del rey Felipe VI aprobada por los independentistas en el Parlamento catalán hace unos meses, pese a que incluso el Consejo de Estado desaconsejó la presentación de ese recurso.

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