El juicio a los líderes del ‘procés’ arranca en el Supremo en el momento más convulso

12 líderes independentistas catalanes se sientan desde este martes en banquillo, acusados de promover y ejecutar un pulso al Estado. La vista marcará el futuro de la política española y del conflicto territorial

Llegó el día. El exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y otros 11 líderes independentistas catalanes se sientan este martes en el banquillo del Tribunal Supremo acusados de promover y ejecutar el pulso al Estado que culminó en la consulta secesionista ilegal del 1 de octubre de 2017 y la posterior declaración unilateral de independencia. La vista marcará la agenda política de los próximos tiempos. Desde la primera sesión: el día que arranca el juicio, el Congreso inicia el debate de los presupuestos, donde el voto de los partidos independentistas determinará el futuro de la legislatura. Las consencuencias políticas van más allá de España. Con la UE a la espera de una sentencia clave para la estabilidad territorial de uno de sus países más relevantes, la vista será íntegramente retransmitida por televisión, en un esfuerzo inédito del Supremo por exhibir las garantías de un proceso que el independentismo cuestiona desde el primer día.

Han pasado casi 15 meses y medio desde que, el 31 de octubre de 2017, la Fiscalía General del Estado se querelló por rebelión contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los 13 consejeros de su último Govern, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y cinco miembros de la Mesa de la Cámara. En este tiempo, en la causa judicial y la política española han ocurrido cosas que nadie sospechaba: la muerte de José Manuel Maza, el fiscal general del Estado que promovió la querella, apenas 20 días después de registrarla; el fracaso de las órdenes europeas e internacionales de detención dictadas contra siete líderes independentistas, entre ellos el expresident Puigdemont, que huyeron del país y pusieron contra las cuerdas a la justicia española, y, sobre todo, una moción de censura que fulminó al Gobierno de Mariano Rajoy y llevó a la presidencia a Pedro Sánchez.

Pese a estos episodios, el guion judicial ha seguido su curso para llegar hasta este miércoles casi idéntico a como lo escribió el fiscal general: los líderes independentistas serán juzgados por rebelión, un delito que castiga a quienes se levanten “violenta y públicamente” para, entre otros objetivos, “derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución” o “declarar la independencia de una parte del territorio nacional”. El juicio se celebrará en Madrid, bajo la batuta del más alto órgano jurisdiccional del Estado. Y, como defendió la Fiscalía desde el inicio de la causa, los nueve procesados por este delito están en prisión preventiva y los que ocupaban cargo político han sido suspendidos de sus funciones.

Ese relato que la Fiscalía ya esbozó en su querella y que en la instrucción de la causa se ha ido apuntalando sitúa a los 12 acusados a la cabeza del procés. Y el procés, a juicio del ministerio público, es un plan, “una estrategia perfectamente planificada, concertada y organizada” con un único objetivo: fracturar el orden constitucional para conseguir la independencia de Cataluña. Esa estrategia, siempre según el ministerio público, se basaba en la actuación sincronizada de la las instituciones catalanas —Govern y Parlament—, los partidos independentistas y las entidades sociales soberanistas (Assemblea Nacional de Catalunya y Òmnium Cultural, fundamentalmente).

La respuesta política al desafío independentista fue la activación del artículo 155 de la Constitucion, por el que el Gobierno central tomó el control de la Generalitat. La respuesta judicial fue aquella querella de la Fiscalía que llega ahora a juicio. Todos los acusados lo están por “dirigir, promover y/o participar activamente” en la ejecución de este proyecto, aunque los autores intelectuales son Junqueras, Forcadell y los presidentes de ANC y Òmnium (Jordi Sànchez y Jordi Cuixart). También Puigdemont, pero el expresident se libró del juicio tras fugarse a Bélgica unas horas antes de que el ministerio público presentara la querella.

Los cuatro acusados para los que se piden las penas más altas (25 años de cárcel para Junqueras; 17 para Forcadell, Sànchez y Cuixart) controlaban, según la Fiscalía, los tres motores de la rebelión: ejecutivo, parlamentario y social. En el siguiente escalón de responsabilidad sitúa a los otros cinco exconsejeros encarcelados (Joaquim Forn, Jordi Turull y Josep Rull, del PDeCAT, y Raül Romeva y Dolors Bassa, de ERC). Para ellos la petición es inferior: 16 años de cárcel. La Fiscalía rebaja la acusación de los tres únicos procesados en libertad provisional (los exconsejeros Carles Mundó, Meritxell Borràs y Santi Vila). No les atribuye rebelión sino desobediencia (un delito que no acarrea penas de cárcel), pero pide para ellos siete años de prisión por malversación.

A la acusación de la Fiscalía se suman las de la Abogacía del Estado y de Vox, única acusación popular. El relato de ambos sobre el pulso al Estado coincide en lo esencial con el del ministerio público, pero cada uno les otorga una calificación jurídica distinta, un dato que anticipa un debate jurídico muy abierto.

Lo que para la Fiscalía es rebelión, para la Abogacía del Estado —dependiente del Gobierno— es sedición, delito que persigue a los que se alcen “pública y tumultuariamente” para impedir la aplicación de las leyes o el ejercicio de funciones de cualquier autoridad. Cuando esa calificación se presentó , en noviembre pasado, se interpretó como un gesto de Pedro Sánchez a los partidos independentistas que apoyaron su moción de censura. Ese cambio se traduce en una rebaja en la petición de penas: 12 años de cárcel para Junqueras, y entre 11 y siete para el resto.

El papel del Vox

Vox, que en sus intervenciones se refiere a los líderes independentistas como “golpistas”, no ve solo un delito de rebelión, sino dos. E introduce otro que ni las otras acusaciones ni el Supremo citan: organización criminal. Como resultado, la petición de penas se dispara: 74 años de cárcel para Junqueras y los otros cinco exconsejeros encarcelados; 62 para Forcadell, Sànchez y Cuixart y 24 para Borràs, Mundó y Vila.

El tribunal ha considerado que existen indicios para juzgar a los dirigentes independentistas por rebelión. Pero, a partir de este miércoles, son las acusaciones las que tienen que probar que se dieron los requisitos que exige ese delito, especialmente la violencia. Ahí jugarán un papel esencial los peritos, las pruebas y las comparecencias de los más de 500 testigos citados por el Supremo, entre ellos el expresidente Rajoy, el lehendakari Iñigo Urkullu y la alcaldesa Ada Colau.

La larga lista de testimonios y pruebas juega en contra de la agenda con la que trabaja el tribunal, que pretende acabar el juicio antes de la campaña de las elecciones del 26 de mayo. De momento, la intención es celebrar sesiones los martes, miércoles y jueves, por la mañana y por la tarde. Si se acerca mayo y el calendario resulta imposible de cumplir, la sala está decidida a ocupar también los lunes, los viernes e incluso la mañana de los sábados. Parar el juicio durante la campaña no es una opción, según fuentes del tribunal, porque hay presos preventivos. Pero la idea de ver carteles electorales con candidatos que están siendo juzgados en una vista retransmitida por televisión provoca el mismo rechazo entre la mayoría de magistrados.

La vista empezará abordando las cuestiones previas planteadas por las defensas. Una fase que el tribunal aspira a solventar en una o dos sesiones, para dar paso a la siguiente: los interrogatorios a los acusados. Será la primera vez que comparezcan ante los siete magistrados que les van a juzgar, presididos por Manuel Marchena. Quedan por ver detalles menores pero con una formidable carga política: dónde se sentarán los acusados y si testifican en catalán. Pero el alcance de la vista, en su primer día, va más allá de lo judicial: la presencia del president Quim Torra, las protestas en los alrededores del tribunal y el debate de los presupuestos en el Congreso. La legislatura está en juego a kilómetro y medio del Supremo.

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