El abogado de Puigdemont no le recomienda el indulto, pero sí que aprenda a hablar flamenco

El letrado comparece en el Congreso como experto y avisa de que si prospera la enmienda del PP para prohibir medidas de gracia en delitos de rebelión irá a Estrasburgo

Jaume Alonso-Cuevillas, el abogado del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, ha comparecido este jueves en el Congreso como experto en Derecho Procesal y materia de indultos, donde ha rechazado la posibilidad de pedir esa medida de gracia para su defendido, al que ha recomendado con humor que mejor aprenda el idioma flamenco, que es el que se habla en parte de Bélgica, el país al que se fugó su cliente. El letrado ha explicado que cree, en general, en la figura del indulto para solventar excepcionalmente sentencias injustas pero no en España por culpa de su sistema judicial.

El abogado que defiende al expresidente catalán y a otros exconsellers de aquel Gobierno de la Generalitat en la causa del referéndum del 1 de octubre de 2017 ha sido citado en el Congreso como experto para dar su opinión sobre la reforma de la Ley de Indultos que se está tramitando en la Cámara. Jaume Alonso-Cuevillas, que es catedrático de Derecho Procesal y fue decano del Colegio de Abogados de Barcelona, sí cree en la figura del indulto para solucionar algunos defectos de todos los imperfectos sistemas judiciales pero no en el caso de España. Cuando se le preguntó al respecto sobre reclamar en su día esa medida cuando se produzca la sentencia de la causa abierta en el Tribunal Supremo contestó: «No tengo ninguna confianza ni en el sistema judicial español ni en el indulto en este asunto; como buen abogado le he recomendado a Puigdemont que aprenda flamenco».

Eso sí, en el seno de la comisión, el letrado se pronunció a favor de que el Gobierno haga política en su momento con ese tipo de medidas. «El Estado no debería cerrar las puertas a la posibilidad de hacer política algún día, porque puede haber pronunciamientos de instancias, de tribunales internacionales, que obliguen a los poderes del Estado a tener que hacer política», manifestó.

La reforma de la Ley de Indultos, en vigor desde 1870, fue impulsada al comienzo de esta legislatura por el PSOE para evitar esa concesión a los condenados por delitos de corrupción o por violencia machista y estaba parada. El PSOE y otros grupos habían presentado numerosas enmiendas y algunos partidos solicitaron la opinión de expertos para asesorar a los diputados. El PP y Ciudadanos miran con temor esa pretensión de reforma porque creen que el Gobierno puede pretender ahora usarla para boicotear sus intentos de impedir cualquier futura medida de gracia hacia los políticos catalanes presos por impulsar el proceso independentista en Cataluña.

El abogado de Puigdemont sostiene que esos partidos, y en especial el PP, están proponiendo ahora cambios legislativos ad hoc sobre los indultos contra su defendido: «Sólo les falta poner nombre y apellidos al contenido y eso no es admisible en un Estado de derecho». Y añadió: «Como abogado de algún cliente que le consta que tengo, casi nos haría un favor si modificaran la ley y prohibieran que se indultara la rebelión y la sedición; me faltaría tiempo para traducirlo y presentarlo ante el Tribunal de Estrasburgo». El portavoz del PP en la comisión, Leopoldo Barrera, ha cuestionado el «subjetivismo» del letrado y éste no ha tenido reparos en admitir esa falta de objetividad: «El subjetivismo es de todos, hasta de la estadística».

El Congreso es inhábil en enero para determinadas actividades plenarias pero algunas comisiones sí funcionan y de hecho la de Justicia ha aprovechado para retomar su actividad con una serie de comparecencias de expertos entre las que se incluye la del letrado Jaume Alonso-Cuevillas. El letrado admitió al final de su exposición que su presencia había levantado muchas suspicacias, especialmente entre el PP y Ciudadanos, aunque luego el tipo de intervención más técnica que política aplacó bastante esos resquemores. Recibió hasta felicitaciones.

Tribunal de Estrasburgo

Jaume Alonso-Cuevillas precisó que acudía al Congreso para aportar sus ideas generales y profesionales sobre el indulto, pero no para pedirlo para Puigdemont. Eso sí, cuando se le preguntó por las enmiendas registradas por el PP, y apoyada por Ciudadanos, para que se prohíba esa medida de gracia en el caso de los acusados por delitos de rebelión o sedición el letrado no desaprovechó la ocasión para avanzar próximas estrategias: «Me hacen un favor como abogado en ejercicio porque lo traduciré de inmediato y lo llevaré a instancias internacionales para que vean la falta de neutralidad sobre el asunto». Esas instancias internacionales serían el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.

El defensor de Puigdemont indicó que no pedirá el indulto para su patrocinado, además, porque mantiene que en ese caso no existen pruebas para sustentar los delitos de rebelión y sedición de los que se le acusan y por lo tanto, según su criterio, el Tribunal Supremo debería de absolver a los acusados y no condenarles. Y se agarró ahí a lo que manifestaron en su día el entonces ministro de Hacienda Cristóbal Montoro y el presidente Mariano Rajoy, sobre que no se había empleado un solo euro público en la tramitación de aquel referéndum.

La mayoría de los expertos están subrayando en la comisión de Justicia del Congreso la capacidad del Gobierno central para conceder los indultos y la desproporción entre los que se piden, entre 3.000 o 4.000 al año, y los que se conceden, el ejercicio pasado solo 17. El Gobierno los aprueba y el juez luego los tramita. Los expertos, en general, no están a favor de establecer restricciones como las solicitadas por el PP y Ciudadanos, en ese caso también sobre delitos de terrorismo, pero sí demandan más transparencia en la actuación del Ejecutivo. Desde 1996 se han concedido unos 10.000 indultos.

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